De cabotaje o hacia el exterior. Sean ministros, secretarios, subsecretarios, asesores o empleados, permanentes o contratados. Toda la dotación de la administración pública nacional deberá volar en otra línea que no sea Aerolíneas Argentinas, Austral o LADE, según lo dispuso la presidenta Cristina Fernández. Y, mediante el decreto 1.191, se afirma que se tomó esta determinación "con el objetivo de garantizar la continuidad y seguridad del servicio público de transporte aerocomercial de pasajeros, correo y carga, el mantenimiento de las fuentes laborales y el resguardo de los bienes de las empresas mencionadas".
Las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional deberán utilizar los servicios de Optar SA para la compra de pasajes que requieran para el traslado por vía aérea, tanto dentro como fuera del país, de sus funcionarios, empleados o asesores contratados bajo cualquier modalidad, o de terceros, indica el decreto. Esta disposición deberá implementarse en el plazo de 180 días de la entrada en vigencia de la presente medida (fue publicada el jueves en el Boletín Oficial de la Nación).
A su vez, la Jefatura de Gabinete de ministros de la Nación será el organismo con competencia para establecer los requisitos que se deberán cumplir en esa operatoria.